Octubre 06, 2020 by Bruno Aragaki
Cuando Rafael Audibert, un peluquero del estado de Río Grande do Sul, necesita cargar combustible, no se suele dirigir a la gasolinera más cercana, sino que primero consulta la aplicación Melhor Preço (Mejor Precio) en su celular para ver dónde se encuentra el combustible a mejor precio en su área.
“La aplicación es muy útil. También da información sobre los precios de los productos en el supermercado y se actualiza todos los días. Es una gran ayuda en estos tiempos en que todos necesitamos ahorrar”, dice Audibert, uno de los más de 100.000 usuarios de la aplicación.
Al igual que este peluquero de la ciudad meridional de Bento Gonçalves, otros dos millones de personas se han beneficiado de la profunda transformación que ha tomado lugar en Brasil en los últimos doce años: la digitalización de las facturas.
Eso significa que, cuando una empresa emite una factura para el consumidor o para otra empresa, la información también se envía en forma electrónica a las secretarías de hacienda de cada estado y del gobierno federal. Esos datos permiten monitorear las operaciones relacionadas con el pago de impuestos y facilitan el control del cumplimento tributario, además de alimentar la base de datos de la aplicación que Audibert utiliza para ahorrar en sus compras.
La decisión de Brasil de invertir en la digitalización de su sistema de facturación surgió de la necesidad de ampliar la recaudación para solventar y mejorar servicios públicos como la salud y la educación, sin crear nuevos impuestos. El modo de lograrlo fue invertir en la eficiencia del sistema tributario; la migración de un modelo esencialmente analógico a uno digital fue el punto central de esa revolución.
Con el apoyo de la actualización de la legislación federal, respaldo político de los estados y asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la informatización del sistema tributario brasileño permitió a los gobiernos de los estados desempeñar una gestión fiscal más transparente y efectiva. La digitalización se inició en 2008 y fue impulsada por el financiamiento y la asesoría técnica del BID mediante el Programa de Apoyo a la Gestión e Integración de Ingresos Fiscales de Brasil (Profisco I).
Además de la digitalización de las facturas, Profisco I también apoyó la adopción de la digitalización de los libros contables de las empresas. Es decir que, además de monitorear en tiempo real las operaciones con bienes y servicios sujetas a tributación, el gobierno ahora también puede acceder digitalmente a los libros de compra y venta de las empresas para verificar si los impuestos declarados y pagados coinciden con la facturación. El cambio ha representado un aumento drástico en la transparencia tributaria.
“Antes, la auditoría se realizaba mediante muestreo: por ejemplo, de cada cien empresas seleccionábamos cinco o seis para verificar su adecuación tributaria. Ahora de cada cien empresas verificamos cien, y en tiempo real, con un proceso que requiere menos personal y menos papeleo, al tiempo que ofrece mayor eficiencia y transparencia”, dice André Cordeiro, asesor de Planeamiento y Gestión de la Secretaría de Hacienda de Bahía.
Ventajas para el gobierno, las empresas y los ciudadanos
Los resultados inmediatos de Profisco I fueron un aumento de la recaudación, simplificación de tareas para los empresarios –que pasaron a tramitar digitalmente sus obligaciones tributarias– y, desde el punto de vista del ciudadano, una mejora de los servicios de atención al contribuyente y mayor grado de transparencia. Sumado a ello, la digitalización y la simplificación de procedimientos con menor costo para el cumplimiento tributario contribuyó a un aumento de trabajadores en el sector formal de la economía, de acuerdo con un estudio de evaluación de impacto del Profisco hecho por el BID.
También se produjo una disminución de la burocracia en las empresas, lo que contribuyó a elevar su competitividad. Un ejemplo son los camiones que transportan mercancías por las rutas brasileñas y que ya no necesitan perder horas o hasta días enteros en los puestos de inspección. Ahora un dispositivo fijado a los vehículos permite a las autoridades realizar la fiscalización en forma electrónica, utilizando herramientas de análisis masivo de datos que ayudan a detectar irregularidades y riesgos de fraude y corrupción.
“Antes, las facturas se imprimían de a miles y se confeccionaban al menos por triplicado: una copia para el vendedor, otra para el comprador y una tercera para el Estado. A eso se sumaban sellos, verificaciones y auditorías. Todos elementos muy propensos al fraude y a los errores. Hemos llegado a utilizar camiones para poder transportar tanto papel. Hoy alcanza con unos pocos clics para tener un panorama completo en tiempo real”, dice Fernanda Pacobahyba, Secretaria de Hacienda de Ceará. Este fue el primer estado brasileño que, hace 11 años, se incorporó a Profisco; desde entonces, ha sido escenario de grandes transformaciones producto de la digitalización de las facturas y la modernización de la recaudación fiscal.
Una coordinación a escala nacional
En 2008, la transición hacia un modelo informatizado exigía superar diversos obstáculos en Brasil, un país grande, heterogéneo y federal. El principal era conseguir que las 27 unidades federativas y el gobierno central se pusieran de acuerdo sobre cuál era el mejor modelo de facturación que todos deberían adoptar. Asimismo, era necesario actuar de forma coordinada para viabilizar la implementación de la solución en todos los entes federados. Para ello se creó la Comisión de Gestión Fiscal (Cogef), que reúne a los representantes de los estados, el Ministerio de Economía, el BID y el servicio de rentas internas, la Receita Federal.
“Estábamos frente no sólo a una necesidad, sino a una oportunidad de modernizar el Estado brasileño”, explica André Cordeiro, quien es también presidente de la Cogef. La Comisión fue creada “con el objetivo de avanzar en la organización de la tecnología de los estados, la revisión de los procesos de trabajo, y la capacitación del personal para que se desempeñe en forma acorde con las nuevas posibilidades abiertas por la tecnología y la legislación”, agrega.
Fue en ese mismo contexto que surgió Profisco I, permitiendo la integración de la información fiscal de los órganos financieros del país y la modernización de la gestión tributaria nacional. Además de financiar la modernización de la gestión tributaria, el programa aportó la metodología para que los estados hicieran esa transición de la mejor manera posible, al tiempo que promovió el intercambio de experiencias, resume André.
Junto al Distrito Federal, 22 estados integraron la primera etapa del programa, al que el BID destinó casi US$ 586,2 millones entre 2008 y 2018. La iniciativa ayudó a los fiscos de cada estado a actualizar su parque tecnológico, un paso necesario para procesar las facturas electrónicas implementadas por el programa. Asimismo, garantizó la capacitación para los servidores públicos, fomentó la estandarización de documentos y procedimientos entre los estados, y fortaleció la gestión financiera.
“Si no fuera por Profisco, varias iniciativas habrían quedado olvidadas en los archivos”, afirma Ana Carla Abrão, ex secretaria de Hacienda de Goiás, el primer estado brasileño en monitorear electrónicamente a los camiones en las rutas. “Pero gracias al programa conseguimos, por ejemplo, modernizar el sector fiscal, implementar la factura electrónica y hasta desarrollar soluciones innovadoras, como el seguimiento remoto en tiempo real del transporte de carga para controlar el pago de los impuestos correspondientes”, añade.
Un beneficio lleva a otro
La digitalización de la información tributaria también abrió las puertas a otras innovaciones, algunas ya concretadas y otras por venir. Por ejemplo, al migrar del papel a la nube, los datos de compra y venta de bienes y servicios pasaron a engrosar poderosos bancos de datos, que entre otras cosas permitieron conseguir mejores precios en las compras públicas de los estados.
“Como toda la información de compra y venta de cualquier bien o servicio adquirido por el poder público puede accederse en nuestros bancos de datos en tiempo real, podemos compartir la información sobre el mejor precio conseguido por un organismo con muchos otros”, relata Guilherme Petry, subsecretario adjunto de Hacienda de Río Grande do Sul. “De ese modo llegamos a lo que denominamos ‘precios referenciales’, lo que permitió un ahorro de casi mil millones de reales a lo largo de ocho años, sin aumentar la complejidad tributaria”, agrega.
Los datos generados por las facturas permiten a los gobiernos disponer de mejor información sobre lo que ocurre en la economía.
“Pronto, en lugar de estimar la inflación, será posible que tengamos datos precisos: sabremos cuánto han fluctuado los precios, o incluso qué sector de la economía está mejorando y cuál necesita ayuda, por ejemplo”, dice el subsecretario Petry.
Nueva etapa
En 2018 se inició la segunda etapa del programa, Profisco II, con el objetivo de profundizar las mejoras en la administración tributaria y avanzar en el fortalecimiento de la gestión del gasto público y financiero.
Con Profisco II, que ya se encuentra en etapa de implementación en siete estados de Brasil, el BID aprovecha las posibilidades que aporta el big data de utilizar la información tributaria disponible en línea para lograr una mejor gestión fiscal, especialmente en lo referente al aspecto financiero y el gasto público.
En medio de escenarios fiscales y socioeconómicos agravados por el COVID-19, estos esfuerzos tienen un papel aún más relevante que desempeñar: serán cruciales para que los distintos niveles de gobierno actúen de manera eficiente y activa, contribuyendo a redirigir al país por la senda del crecimiento.
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