Programas sociales como el Progresa en México, que transfiere ingresos a familias pobres en áreas rurales a cambio de que envíen sus niños a la escuela, ayudarán a cumplir las metas fijadas por los jefes de estado del hemisferio en la reciente Cumbre de las Américas de asegurar para el año 2010 el acceso universal a una educación primaria de calidad y el acceso a educación secundaria de calidad como mínimo del 75 por ciento de los jóvenes, coincidieron expertos internacionales.
Invertir en la educación, nutrición y salud de los niños pobres es la clave para romper el persistente círculo de la pobreza, se acordó en la reunión cumbre celebrada en Quebec.
"El Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, no sólo ha contribuido a mejorar los ingresos de las familias rurales pobres en alrededor de 20 por ciento, sino que también en sus escasos tres años de funcionamiento ha aumentado la matrícula escolar primaria en 1 por ciento, se ha convertido en un referente para toda la región", dijo hoy Nora Lustig, asesora principal y jefa de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID.
La matrícula escolar secundaria, agregó Lustig en la sesión de apertura de una reunión de expertos en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., aumentó también en alrededor del 5 por ciento para el caso de varones y casi al doble para las mujeres.
"Todo esto se ha logrado a un costo bajo para el fisco", añadió. El presupuesto de Progresa, que era de casi 800 millones de dólares en 1999, representaba entonces el 0,2 por ciento del producto bruto interno de México.
El programa, evaluado por el International Food Policy Research Institute (IFPRI) en su etapa inicial 1997-2000, consiste en un paquete integrado de medidas para quebrar el circuito de la transmisión intergeneracional de la pobreza y fue considerado por los expertos como una iniciativa modelo, que podría adaptarse incluso para llegar a los hogares de escasos recursos de las zonas urbanas.
El componente educativo entrega becas educativas a las madres de los estudiantes a fin de que envíen regularmente a sus hijos a la escuela y los montos de las becas se determinaron considerando factores como los ingresos que obtendría un niño si trabajara.
En el área de salud y alimentación, Progresa ofrece asistencia básica de salud y atención médica preventiva, educación en higiene y salud, y suplementos alimenticios y transferencias ligados a la asistencia a los servicios de salud.
Uno de los aspectos más innovadores del programa es que entrega ayuda exclusivamente a través de las madres de familia, otorgándoles así un mayor poder de negociación dentro del grupo familiar y asegurando mayor eficiencia en el uso de los recursos.
La reunión, organizada por la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID, contó con la presencia de altos funcionarios, representantes de los organismos internacionales, del área académica y de la sociedad civil.
Las presentaciones estuvieron a cargo de los profesores Paul Gertler, Paul Schultz y Petra Todd y los expertos de IFPRI Emmanuel Skoufias, Michele Adato, David Coady, Agnes Quisumbing y Marie Ruel, que evaluaron los mecanismos de focalización y el impacto del programa en el consumo, la educación, y en salud y nutrición, como también en el trabajo infantil, los incentivos para el trabajo y la condición de la mujer.
Expertos y representantes de los sectores público y privado analizaron el impacto del programa, importante por su magnitud y por la rigurosa evaluación a la que fue sometido.
Por su atractivo, varios países de América Latina, además de México, han puesto en marcha este tipo de programas. Algunos ejemplos son el caso pionero de Bolsa Escola en Brasil, el Programa de Asignación Familiar (PRAF) en Honduras y la Red de Protección Social en Nicaragua. Estos últimos dos programas en América Central recibieron financiamientos del BID de US$45 millones y US$20 millones respectivamente. El BID apoyó también el proceso de evaluación de Progresa.
Programas como estos pueden ayudar a reducir la gran disparidad en el acceso a la educación que existe en los países de América Latina y el Caribe donde el 20 por ciento más pobre tiene una escolaridad promedio de 4 años, mientras que para el 20 por ciento más rico es de 10 años.
Recientemente, la Oficina Internacional del Trabajo de Naciones Unidas y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han declarado que estos programas son instrumentos clave en el combate a la pobreza y han propuesto implementarlos en otros continentes, en particular Africa.