La pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades condicionan a millones de personas a buscar una mejor calidad de vida fuera de su entorno. En América Latina y el Caribe, la emigración ilegal deja mucho que desear—y es que el tráfico de personas va de la mano con la explotación o trata humana—señaló la especialista en modernización del estado del BID, Nybia Laguarda, durante una presentación en la sede del Banco.
Las Naciones Unidas define la trata de personas como “la captación, traslado, acogida o recepción de personas con amenazas o engaño para fines de explotación sexual, laboral, en prácticas similares a la esclavitud o trabajo forzado, o para la extracción de órganos”.
La trata de personas es un negocio mundial de unos 32.000 millones de dólares al año, siendo el crimen más lucrativo después del tráfico de drogas, según estimaciones de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (conocida como la OECD por sus siglas en inglés). Esto significa que anualmente entre un millón a dos millones de mujeres, hombres, niñas y niños son traficadas para fines de explotación, y los traficantes ganan entre 4.000 y 50.000 dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima.
Esto no sólo significa pérdida de capital humano y social sino que viola los derechos legales y humanos de las personas. El tráfico de personas, recalcó Laguarda, obstaculiza los procesos educativos y el desarrollo de las capacidades de las víctimas, particularmente en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, además de generar efectos negativos sobre su salud física y psicológica. Las víctimas llegan a veces a quedar marginadas de la sociedad por el trauma de la explotación que reduce su habilidad de reincorporarse a la sociedad como miembros productivos. El tráfico de personas, subrayó la especialista del BID, pone en peligro la integridad de cada personas y la reputación de los países que lo permiten.
A pesar de las estadísticas alarmantes, el tráfico de personas es un crimen que aún no logra capturar la atención del público y las agendas políticas. Son muy pocos los casos que llegan a la justicia.
Casos en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe la situación es preocupante. Según estadísticas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE, 2006), unas 23.400 niñas y niños fueron víctimas de adopciones ilegales en Guatemala en la última década.
No sólo eso. En Bolivia, los intermediarios que trafican con menores cobran hasta 30.000 dólares por niño. La Policía Nacional sólo ha encontrado al 18% de los niños y adolescentes desaparecidos entre 2005 y 2006 (OIM/OEA).
Otro caso es el de la prostitución en Brasil, en donde unas 500.000 niñas trabajan en dicho oficio, además que muchas de ellas son abusadas en las minas de oro del Amazonas, según informa el Centro de Defensa de la Niñez y Adolescencia de Brasil.
Y en Colombia, más de 14.000 niños son reclutados como soldados por paramilitares y grupos armados, indica el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 2003.
La especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres, Laura Langberg, ha indicado que tanto América Latina y África son las regiones menos investigadas y apoyadas económicamente en combatir la trata de personas. “Estas regiones son particularmente problemáticas”—agregó—“debido a las cinco Cs: corrupción, colusión, compadrazgo, clientelismo y crimen”.
El papel del BID en la lucha
Existe una creciente preocupación de gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales sobre el impacto social y económico negativo que la trata y tráfico de personas está causando en el mundo. Es así que el BID busca crear mayor conciencia e interés en sus países miembros, y comenzó a tomar en cuenta esta problemática regional a partir del 2003, año en el cual se desarrolla la primera cooperación técnica por US$150.000 para apoyar a la Fundación Ricky Martin en la lucha contra el tráfico de niños.
Desde 2004 el BID ha establecido un grupo de trabajo interinstitucional para definir un plan de acción y brindar apoyo a los gobiernos de América Latina y el Caribe en este ámbito. A la fecha se han aprobado 8 cooperaciones técnicas para contrarrestar este delito, tres de ellas regionales, que benefician a 10 países.
Además recientemente se lanzó en mayo la campaña “Llama y Vive”, una campaña regional contra la trata y tráfico de personas, cuyos socios son la Fundación Ricky Martin y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se trata una campaña para sensibilizar a la opinión pública sobre este problema y promover líneas de asistencia telefónica para la prevención y la protección de las víctimas.