El sábado 13 de enero pasado, un sismo de 7,6 grados en la escala de Richter sacudió El Salvador arrasando barrios enteros, diezmando familias y destruyendo la vida de cientos de habitantes. Lo siguieron otros 1.900 temblores que agravaron la terrible situación, aterrando a los sobrevivientes y desestabilizando aún más el inestable suelo. Lejos de ser una anomalía en la región, este último desastre natural dejó como saldo a unas 46.000 personas sin hogar y más de 700 muertos.
Cuando ocurre un desastre, los que menos tienen son siempre los más castigados. Hasta en las mejores épocas, quienes viven en la periferia de la sociedad tienen apenas un precario acceso a la satisfacción de sus necesidades humanas básicas. En una catástrofe —sea una crisis económica o un desastre natural— son los menos favorecidos quienes probablemente terminen desposeídos por completo. Al aumentar el porcentaje de la población que vive por debajo del límite de pobreza, una sociedad ya abrumada se precipita aún más en un ciclo de crecimiento económico negativo y agitación social.
Este problema está ilustrado en Protección social para la equidad y el crecimiento, un libro publicado por el BID (en colaboración con la universidad Johns Hopkins) y editado por un equipo encabezado por Nora Lustig, asesora principal del Banco en cuestiones de pobreza y desigualdad. En un tono despojado de ambages, los autores examinan los efectos que los desastres naturales, la inestabilidad financiera, el desempleo y la vejez tienen en los más desposeídos de América Latina, donde se calcula que alrededor de un tercio de la población vive en la pobreza. Sin hiperbolizar, el libro cita datos terminantes que describen con elocuencia este grave cuadro. Una de las estadísticas señala que antes de que el huracán Mitch se abatiera sobre la región en 1998, un 68 por ciento de la población de Centroamérica vivía en la pobreza. Después de ese desastre, según las fuentes que cita el libro, un 80 por ciento de los habitantes de Guatemala estaban en la carencia.
Junto con la vulnerabilidad de la región a los desastres naturales, los autores apuntan que los reveses económicos siguen castigando a muchos de los países latinoamericanos. Esa combinación crea un desastroso impacto a largo plazo. “Las crisis económicas y los desastres naturales son, desafortunadamente, bastante frecuentes en América Latina y a menudo tienen impacto más allá de las fronteras”, escribe Lustig en la introducción del libro. “Durante los pasados 20 años, América Latina ha enfrentado marcados reveses económicos debido a una combinación de erróneas políticas macroeconómicas, declinaciones en los términos de intercambio, volatilidad en los flujos de capital e inestabilidad ambiental”. Ciertamente, los autores calculan que cada punto de merma en el crecimiento económico aumenta en dos por ciento la incidencia de pobreza en la región.
Pero Protección social para la equidad y el crecimiento no es una revisión más de la problemática de América Latina. Compacto y bien organizado, el libro ofrece una variedad de herramientas para tomar acción, exhortando a los gobiernos a crear una “estrategia de protección social” para reducir las probabilidades de eventos adversos, mitigar el impacto de catástrofes en los más pobres y fomentar el crecimiento económico. “El primer paso para evitar el circulo vicioso de sacudones adversos y creciente pobreza es prevenir crisis futuras mediante una mejor gestión macroeconómica y estrategias de reducción de riesgo ante desastres naturales”, escribe Lustig. “Los gobiernos necesitan también crear mecanismos de protección para quienes más los necesitan… esos mecanismos deben estar formulados para ayudar a las familias a desarrollar los bienes de capital físico y humano que necesitan para escapar permanentemente de la pobreza”, agrega.
Uno de los argumentos centrales del libro gira en torno a la forma en que los gobiernos hacen frente a reveses económicos. Los autores sostienen que cuando una crisis financiera requiere contener el gasto nacional para evitar un desastre fiscal, los gobiernos tienden a una reacción de alarma que los lleva a recortar los programas de gasto social para balancear el presupuesto. Según los autores del libro, ésa es una reacción contraproducente. Primero, porque agrava inmediatamente las circunstancias en que viven los más necesitados, y segundo, porque tiene un impacto negativo en el capital humano de la nación, un elemento esencial para su crecimiento. De hecho, el costo final de eliminar esos gastos en el presupuesto supera el gasto de mantenerlos.
Un enfoque más apropiado, sostienen los autores del libro, es institucionalizar los mecanismos de protección social de manera permanente, salvaguardando las políticas y programas que benefician a los pobres, aun en medio de una crisis financiera. Un ejemplo de eso es Trabajar, el exitoso programa de creación de empleo en Argentina, que cuesta una cuarta parte del uno por ciento del PIB de ese país, pero beneficia a 350.000 desempleados. Se calcula que el costo de extender el programa a todo el país costaría menos del uno por ciento de su PIB.
Los autores de Protección social para la equidad y el crecimiento demuestran que un complejo conjunto de circunstancias —algunas macroeconómicas, algunas sociales y culturales, algunas geográficas— conspiran contra los sectores más vulnerables en América Latina. Similarmente, sugieren que una ruta exitosa hacia el alivio de la pobreza debe sopesar todos los factores, incluyendo causas de raíz que se pueden cambiar (como políticas fiscales irresponsables y degradación ambiental) y las que no se pueden cambiar (la vulnerabilidad inherente de una región a desastres naturales). Más aún, los autores sostienen que los programas sociales existentes deben ser evaluados en lo que hace a su eficacia y a posibles abusos con total franqueza antes de que se logren progresos.
Los autores del libro sostienen con firmeza que el impacto de los desastres naturales en América Latina puede ser mitigado instituyendo reformas financieras y en el uso de la tierra, desarrollando sistemas sociales, alentando la iniciativa y creando fondos para enfrentar adversidades. Sostienen, convincentemente, que una estrategia coherente de protección social mejorará la situación económica de una nación si ocurre una crisis y equipará al país para hacer frente a inevitables futuros desastres naturales. Mecanismos de protección social bien formulados evitarán que quienes viven precariamente antes de una crisis, lo pierdan todo como resultado de la misma, engrosando las filas de los desposeídos y aumentando en forma idefinida la carga de la nación.